El presupuesto del Ministerio de Defensa (6.913,6 millones de euros) desciende en su conjunto un 6,7% respecto al año 2012. Pero esta reducción se produce si solo se tienen en cuenta los gastos consolidados del Ministerio más los de los Organismos Autónomos.

Si añadimos los gastos de las clases pasivas militares, de la mutua militar, de las contribuciones a organismos militares internacionales, del cuerpo militar de la Guardia Civil y de los créditos en I+D militar del Ministerio de Industria, entonces la cuantía se dobla y asciende a 13.708,3 millones. Si, además, a ello se le suma la parte proporcional de los intereses de la deuda de Defensa que, en su conjunto y debido a la mala salud de la economía, aumentan de manera importante -un 33,7%-, y por último, las aportaciones extraordinarias que durante el año se producen y que en los últimos diez años, vista la liquidación anual del presupuesto, da un promedio de 1.398 millones, entonces, el gasto militar real previsto para el año 2013 asciende a 16.492 millones de euros y representa tan sólo una disminución respecto del año 2012 de un 3,15% (Tabla 1).

Estas cifras, traducidas en indicadores, representan un gasto militar diario de 45,18 millones, lo que equivale a 359 euros por capita anuales, un 1,55% del PIB y un 4,32% del presupuesto total del año 2013 (Tabla 2). Las partidas que sufren un mayor retroceso son, en primer lugar, las aportaciones en I+D militar, un 52%, pero que aún así reciben 363,4 millones para investigaciones en nuevas armas y, en segundo lugar, las inversiones en armamentos, que retroceden un 43% y reciben 551 millones.

Pero esa disminución en I+D e inversiones es engañosa, pues bien puede ocurrir lo mismo que en años anteriores y se acaben superando los 1.000 millones. Este mismo año se han superado todos los récords del decenio: se ha concedido un crédito extraordinario de 1.827,7 millones (septiembre 2012) para pagar los compromisos con los cazas Eurofigther, el blindado Leopardo, los Buques de Acción Marítima, el helicóptero Tigre, los misiles Iris y Spike y el obús de 155mm. Pero además se han completado otras partidas, como es el caso de las operaciones militares en el exterior, denominadas de manera eufemística de mantenimiento de la paz, cuando lo que las fuerzas armadas españolas están llevando a cabo en Afganistán es apoyo a una guerra; y en el océano Índico, se protege a los atuneros que expolian los caladeros de Somalia. Partida a la que cada año se le asigna una exigua aportación de 14,36 millones, y en abril de 2012 se aportaban 753 millones más desde el cajón de sastre denominado Fondo de Contingencia. Otra partida que debería ser motivo de cuestionamiento por parte de la opinión pública y que de momento ha aportado 243 millones a las arcas de Defensa es la generada por ingresos propios, pues es producto, o bien de la venta de armamento en desuso, o de la venta de patrimonio público en manos del Ministerio de Defensa. Este Ministerio es uno de los mayores propietarios de patrimonio del Estado, cuarteles, viviendas, campos de tiro, bases e instalaciones diversas por todo el territorio, y en los últimos años los diferentes gobiernos han autorizado la enajenación de mucho de su patrimonio. Ingresos que se incorporan al presupuesto y se destinan, mayoritariamente, a la compra de armamentos.

Estas modificaciones han aumentado el presupuesto de Defensa en 2.826,7 millones, lo que representa un incremento –y una desviación respecto al presupuesto inicial- a septiembre de 2012 de un 27,6%. A finales de año puede ser un incremento superior, cuando se había anunciado que disminuía un 8,8%, una reducción que se ha convertido en una estrepitosa falsedad. Así pues, hay recursos para aumentar las fuerzas armadas y no los hay para incrementar el gasto social o el desarrollo de la economía productiva.

De los 551 millones en inversiones, la asignación más recortada es la de los grandes Programas Especiales de Armamentos (PEAS), los aviones Eurofigther, blindados Leopardo y Pizarro, helicópteros Tigre y NH-90 y así hasta 19 grandes programas de los cuales se adeudan a las empresas militares 32.000 millones. En el presupuesto de 2013 se propone una cifra de 6,84 millones. ¿Ocurrirá lo mismo que en 2012 y a media legislatura se volverán a proporcionar más créditos extraordinarios para pagar las armas? La respuesta la ha dado el secretario de Defensa, Pedro Argüelles, en la Comisión de Defensa (8/10/2012), quien ha asegurado que no descarta recurrir de nuevo a créditos para hacer frente al pago de los PEAS.
Los apologetas de la defensa armada esgrimen como principal argumento en defensa del gasto militar los enormes beneficios que reportan a la economía nacional la producción de armamentos, por los efectos del trasvase de tecnologías en I+D a la producción de bienes civiles. Una especulación demostrada en contadísimos casos, y al contrario, sí que se demuestra que el gasto militar entorpece el crecimiento de la economía productiva. Pues, como muestran los PEAS, se genera endeudamiento y déficit público. Además, las industrias militares españolas reciben un trato de favor por parte del estado con los créditos (ayudas) en I+D, lo que las convierte en dependientes (parasitarias) del Ministerio de Defensa.
Las gentes que proponen una auditoría de la deuda pública en España tienen en la enorme deuda de 32.000 millones, contraída por la adquisición de armamentos, argumentos sólidos para pedir responsabilidades políticas y, porqué no, la condonación de la deuda con las empresas militares, sobre todo cuando esos armamentos no responden a las necesidades de seguridad de los españoles y además destruyen la economía real.

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